No matriculas ni ciudades santuario; tensión entre gobernador e inmigrantes

CAROLINA DEL NORTE/ EFE — La guardia de seguridad del gobernador republicano de Carolina del Norte, Pat McCrory, impidió ayer que activistas inmigrantes que protestaban contra una ley que prohíbe las ciudades santuario en este estado participaran en un acto público en Raleigh, capital del estado, al que el mandatario asistía.

El incidente evidencia las tensiones surgidas entre la comunidad hispana y las autoridades del estado a raíz de la aprobación esta semana en la Legislatura estatal de la ley HB 318, que se opone a las ciudades santuario y eliminó también la matrícula consular mexicana como un documento legítimo de identificación.

En el acto, lanzando consignas y portando carteles contra la norma, los activistas a favor de los inmigrantes lograron entregarle al gobernador una petición para que vete la legislación restrictiva contra los inmigrantes indocumentados, la cual requiere su firma para que entre en vigor.

Durante dos días seguidos organizaciones de inmigrantes han realizado protestas frente a la mansión del gobernador en las que le han reclamando un cambio de actitud, así como a los legisladores estatales, hacia la comunidad inmigrante, de la que hacen parte 340.000 indocumentados.

“Hemos escalado las tácticas. Esto va en serio. No queremos palabras bonitas sino acciones concretas (de McCrory), que vete esta ley perjudicial contra los inmigrantes”, dijo Angeline Echeverría, directora ejecutiva de la organización El Pueblo, la principal organización de Raleigh.

Se espera que el gobernador convierta en ley la HB 318, dados sus previos pronunciamientos contra las ciudades santuario y sus acciones contra los indocumentados.

“No podemos permitir ningún santuario para traficantes de drogas, traficantes de seres humanos y criminales violentos en nuestro estado”, señaló McCrory el pasado mes de julio.

El gobernador adhirió a Carolina del Norte a la demanda de una coalición de 26 estados contra el presidente Barack Obama por emitir medidas migratorias que habría dado presencia legal temporal en el país a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Rosalba Tlalolini, vinculada al grupo Familias Unidas de Charlotte, que lucha contra la expulsión de indocumentados en proceso de deportación, viajó a Raleigh a las sesiones de la Legislatura para abogar contra la HB 318, pero afirmó que lo que escuchó la dejó alarmada.

“El representante (George) Cleveland dijo cosas muy feas contra nosotros, que somos un peligro, que traemos criminalidad y drogas, y no merecemos estar aquí, nos trató con desprecio”, dijo Tlalolini, quien opera una empresa propia que le ha dado trabajo a ciudadanos estadounidenses.

Para Lacey Williams, de la Coalición Latinoamericana, la aprobación de la HB 318 en la Legislatura lanzó un mensaje “lamentable” de parte de los dirigentes estatales. “‘Ustedes, los inmigrantes, no nos importan’, fue lo que dijeron los políticos”, anotó Williams.

El cónsul de México en las Carolinas, Javier Díaz de León, dijo acerca de la HB 318 que “algunos sectores políticos están probablemente haciendo un diagnóstico de que este tipo de posiciones les pueden generar beneficios electorales”.

La Cámara de Representantes definió esta semana la suerte de la polémica legislación con 70 votos republicano a favor y 43 demócratas en contra.

“El problema es que los políticos republicanos terminan dominados por los sectores más intolerantes de su partido”, afirmó German De Castro, expresdiente de la Coalicion de Votantes Hispanos.

Según la organización opuesta a los indocumentados Americanos por la Inmigración Legal (ALIPAC), que ejerce presión entre los políticos republicanos, la HB 318 impedirá que ciudades como Charlotte y Durham le faciliten la vida a los inmigrantes.

“Esas políticas de ciudades santuario aumentan las posibilidades que ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales resulten perjudicados o asesinados por ilegales”, señaló ALIPAC.