En materia de inmigración hay que ir despacio y con calma

La semana pasada, el senador Richard J. Durbin (demócrata de Illinois) presentó el Dream Act, copatrocinado por Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) que otorgaría la legalización y eventual ciudadanía a aproximadamente 2 millones de inmigrantes indocumentados, quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Aunque dicha legislación ha seguido siendo muy popular entre los votantes desde que el ex senador Orrin Hatch (republicano de Utah) la introdujo en 2001, los críticos comúnmente la han descartado como un esfuerzo fragmentado e inferior a una reforma migratoria integral.

Los críticos de la derecha a menudo han insistido en que las acciones para legalizar cualquier parte de la población en contexto de movilidad deben combinarse con otras medidas, como una aplicación más estricta de la inmigración o el aumento del número de trabajadores agrícolas temporales.

Al mismo tiempo, los críticos de izquierda han advertido que centrarse únicamente en los “dreamers” refuerza una narrativa de “buenos inmigrantes versus malos” y podría impedir la legalización de personas consideradas menos dignas. Además, algunos analistas han argumentado que la reforma migratoria solo puede resolverse a través de grandes negocios que aborden una multitud de desafíos, satisfaciendo las listas de deseos de múltiples grupos de interés.

Las reformas de inmigración de California en las últimas dos décadas han demostrado que todos estos críticos estaban equivocados. En lugar de unir varios aspectos de legislaciones en materia migratoria en un paquete que satisface, tanto a los liberales, como a los conservadores, el estado ha adoptado un enfoque incremental al generar apoyo público y legislativo año tras año, entre republicanos y demócratas.

Tomemos a los dreamers, por ejemplo. La entidad aprobó por primera vez la matrícula estatal para todos los residentes inmigrantes en octubre de 2001, pero la ley no incluía ninguna disposición de ayuda financiera. Una década más tarde, California se basó en los cimientos de su ley anterior, aprobando una medida en 2011 que permite a todos los estudiantes inmigrantes solicitar apoyo económico de sus universidades públicas, así como una ley en 2014 que crea un programa de préstamos con fondos estatales.

El estado también aprobó las licencias de conducir para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012 y siguió en 2013 con una ley que permite a todos los inmigrantes adquirir licencias de conducir.

California ha adoptado un enfoque incremental, similar a la política de salud para personas en contexto de movilidad. Después de que el Congreso aprobara la reforma del bienestar en 1996 que restringía los beneficios de salud estatales a las personas sin documentos, la entidad amplió lentamente el acceso a la cobertura de salud, primero proporcionando asistencia pública a las mujeres embarazadas de esa población a fines de la década de 1990, financiando el alcance de la inscripción de salud para familias de estatus mixto en 2013, y luego brindando cobertura de salud respaldada por el estado para todos los niños inmigrantes en 2015, así como para todos los residentes hasta la edad de 25 años en 2019.

California ha adoptado una estrategia análoga para ampliar las protecciones de los trabajadores inmigrantes, la asistencia económica y las defensas contra la deportación. En lugar de impulsar una legislación integral, los legisladores estatales optaron por un enfoque incremental que sea sensible a las realidades políticas y presupuestarias.

La entidad no está sola en este sentido. Otros estados, incluidos Connecticut, Illinois, Oregón, Nueva Jersey, Nueva York y Washington han aprobado una serie de leyes incrementales durante la última década que, en conjunto, han creado un tipo de ciudadanía estatal que supera con creces las protecciones de la federal.

Por el contrario, los ambiciosos propósitos de aprobar reformas integrales en un solo intento no han funcionado. La Ley de Nueva York es el Hogar de 2013, por ejemplo, fracasó porque unió disposiciones, como la asistencia educativa que tenía apoyo bipartidista, con otras que tenían mucho menos respaldo en ese momento, como el acceso ampliado a la atención médica, licencias de conducir y la capacidad de votar en las elecciones estatales, así como las locales. Solo rompiendo esta legislación, y extendiendo estratégicamente la aprobación de algunas de sus partes a lo largo del tiempo, Nueva York pudo avanzar poco a poco en la reforma migratoria.

El Congreso haría bien en prestar atención a las lecciones de los estados que han avanzado en la integración de inmigrantes. También debería aprender de sus propios esfuerzos fallidos en la reforma migratoria en 2005, 2007, 2010, 2014 y 2020. En lugar de descartar la Dream Act como una solución parcial, los demócratas y republicanos deberían verla como un paso adelante para generar confianza, tanto como lo que hizo California en 2001.

El proyecto de ley Durbin-Graham formalizaría, a través de la legislación, las disposiciones de DACA, incluida la autorización de trabajo y la protección contra la deportación, también crearía vías para la residencia permanente y la ciudadanía. La construcción de coaliciones bipartidistas para esta medida, que cuenta con un fuerte apoyo popular, y su aprobación en el Congreso, aseguraría una victoria importante y haría posibles futuras reformas.

Karthick Ramakrishnan (@karthickr) es profesor de políticas públicas en UC Riverside. Allan Colbern (@allancolbern) es profesor asistente en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, de la Universidad Estatal de Arizona. Son coautores de “Citizenship Reimagined: A New Framework for State Rights in the United States”.

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