Gobierno de Trump ordena a la agencia de protección al consumidor detener actividades
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WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) detener casi todos sus trabajos, cerrando así una agencia que fue creada para proteger a los consumidores después de la crisis financiera de 2008.
Russell Vought, el recién instalado director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, ordenó al CFPB en un correo electrónico del sábado por la noche que detuviera el trabajo sobre las normas propuestas, que suspendiera las fechas de entrada en vigor de cualquier norma que se hubiera finalizado, pero que aún no hubiera entrado en vigor, y que detuviera el trabajo de investigación y no iniciara ninguna nueva investigación.
La agencia estaba en la mira de los conservadores desde que el presidente Barack Obama presionó para incluirla en la legislación de reforma financiera de 2010 que siguió a la crisis financiera de 2007-2008.
El correo también ordenó a la oficina “cesar toda actividad de supervisión y examen”.
El presidente Donald Trump dijo que anunciará el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de Canadá y México, así como otros aranceles de importación más adelante en la semana.
También a última hora del sábado, Vought dijo en un post en las redes sociales que la CFPB dejaría de retirar fondos de la Reserva Federal, añadiendo que su financiación actual de 711,6 millones de dólares es “excesiva”. El Congreso ordenó que la oficina fuera financiada por la Fed para aislarla de las presiones políticas.
La CFPB afirma que ha obtenido casi 20.000 millones de dólares en alivio financiero para los consumidores estadounidenses desde su fundación, en forma de deudas canceladas, indemnizaciones y préstamos reducidos.
Dennis Kelleher, presidente de Better Markets, dijo: “Por eso los bancos más grandes de Wall Street y los aliados multimillonarios de Trump odian a la oficina: es un policía eficaz en el ámbito financiero y ha estado al lado de cientos de millones de estadounidenses —republicanos y demócratas— luchando contra depredadores financieros, estafadores y delincuentes”.
La medida del gobierno contra el CFPB destaca las tensiones entre las promesas más populistas de Trump de reducir los costos para las familias de clase trabajadora y su compromiso de reducir la regulación gubernamental.
Durante la campaña, Trump dijo que limitaría las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10%, después de que habían subido a niveles récord por encima del 20%, en promedio, ya que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 2022 y 2023. El CFPB había comenzado a trabajar en cómo se implementaría esa propuesta.
El presidente Donald Trump dijo que está seriamente interesado en que Canadá se convierta en el estado número 51 en una entrevista que se emitió el domingo durante el programa previo al Super Bowl.
El correo electrónico de Vought sigue una directiva similar del secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitida el 3 de febrero, y es la medida más reciente del gobierno de Trump para reducir rápidamente el trabajo de las agencias federales que han considerado excesivas. Vought sugirió que el CFPB es “irresponsable” en su publicación en redes sociales.
Obama creó la oficina a raíz de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2007-2008, que fue causada en parte por préstamos hipotecarios fraudulentos. Fue una idea original de la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, y ha atraído críticas y demandas de grandes bancos y asociaciones comerciales de la industria financiera.
El correo de Vought indicó que el presidente Trump lo había nombrado director interino del CFPB el viernes. Trump despidió al director anterior, Rohit Chopra, el primero de febrero.
Con Chopra, el CFPB aprobó reglas para limitar las tarifas por sobregiro de los bancos, limitar las tarifas basura y propuso restricciones a los corredores de datos que venden información personal como números de Seguro Social. La agencia también había buscado abordar quejas sobre la supuesta “desbancarización” de firmas de criptomonedas y conservadores prohibiendo contratos que pudieran hacer que alguien perdiera acceso a servicios financieros por hacer declaraciones políticas.
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