Designan un fiscal independiente contra exjuez de Puerto Rico por violar reglas judiciales
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San Juan — El Gobierno de Puerto Rico anunció hoy la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz, investigado por la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) por incurrir presuntamente en la violación de una decena de reglas de la judicatura.
En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, explicó que le notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) recomendar designar un FEI contra Ramos Sáenz, pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El letrado figuraba de la investigación del Departamento de Justicia al “chat” de la herramienta WhatsApp, donde participó junto a otros funcionarios de la isla en las conversaciones “Coffee break” y “Estructura Gerencial”.
La titular de Justicia detalló que Ramos Sáenz “se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales”.
Vázquez Garced explicó que la designación del FEI se da “como resultado de la evidencia recopilada durante la investigación preliminar y a tenor con el derecho aplicable, por entender que existe causa suficiente de que se pudo haber cometido varios delitos relacionados a los hechos investigados”.
La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación, agregó Vázquez Garced.
“De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar, participó de actividades político-partidistas”, sostuvo Vázquez Garced.
Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2016.
Otros funcionarios mencionados en la pesquisa y que participaron en el “chat”, son el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García; la administradora de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado Claudio, y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Yoniel Arroyo Muñiz.
A su vez, “en múltiples ocasiones el exjuez se apartó de la norma jurídica y sus actuaciones infringieron estatutos legales criminales” y que su participación en los “chats”, “en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con él de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable”.
“El Departamento de Justicia realiza sus investigaciones de manera íntegra y diligentemente como parte de un gobierno de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción. Corresponde entonces a la OPFEI, conforme a su ley habilitadora y la evaluación de la evidencia, determinar si procede la designación de un FEI”, agregó Vázquez Garced.
La investigación indica que mientras Ramos Sáenz trabajaba como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber violentado el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación) y el Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal.
El exjuez pudo haber violado además los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI, violando posiblemente también los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
La investigación se puso en marcha después de que el senador Aníbal José Torres, del opositor Partido Popular Democrático, denunciara la existencia del “chat”.
Torres divulgó conversaciones, confirmadas después en una investigación de la OAT, de cuando Ramos Sáenz todavía no era presidente de la CEE, pero sí juez municipal en las que el magistrado consultaba a miembros del PNP decisiones judiciales en las que intervino relacionadas a las elecciones locales.
A raíz de la extensa prueba examinada durante la investigación preliminar contra Ramos Sánez, el referido incluye en su recomendación que la misma debe ser analizada en unión a evidencia que sugiere que contra otras personas -hoy funcionarios- existe causa suficiente sobre la posible violación al Artículo 292 (Influencia indebida en la adjudicación) del Código Penal.
